Hoy hemos podido leer, con alegría amarga, cómo el tiempo y la sensatez han demostrado que la expulsión, detención y posterior denuncia de los seis activistas prosaharauis que entraron en el Congreso para gritar con la voz del pueblo saharaui, fue ilegal e injusta. Tras haber sido acusados y denunciados por el Señor Bono de alterar gravemente el orden de la sesión parlamentaria y solicitar la pena de entre 6 meses y un año de cárcel, el Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha archivado el caso debido a que, a su parecer, y al igual que juzga la Fiscalía, “no llegó a producirse interrupción, aplazamiento o suspensión alguna de la sesión”, sumado a que no se propinó insulto alguno, tal y como denunció el Señor Bono.
Si recordamos cómo sucedieron los hechos, es fácil identificar las claras intenciones del Gobierno español y particularmente del Señor Bono, al hacer un intento salvaje de criminalizar el movimiento prosaharaui y la digna lucha de este Pueblo.
Mientras centenares de saharauis seguían escondidos en diferentes “agujeros” de la ciudad ocupada de El Aaiún, otros cientos se encontraban secuestrados o detenidos en comisarías, cárceles, colegios repartidos por toda la ciudad, mientras decenas de periodistas y ONG independientes intentaban acceder a El Aaiún para informar objetivamente de lo que estaba pasando, encontrándose con la negativa radical y violenta del Régimen marroquí… mientras un pueblo luchaba por su vida, por su dignidad y por sus Derechos, enfrentándose a un Ejército armado y con órdenes de acabar con todo signo de revuelta.. Mientras todo esto sufría el pueblo saharaui, el Gobierno español, actual potencia administradora del territorio (debido a la descolonización incompleta) hacía, casi un mes después, una tibia y vergonzosa condena a la violencia, en general, ejercida en el brutal desmantelamiento del Campamento de la Dignidad saharaui y los días posteriores.
Como consecuencia de esta superficial e inconcreta condena, seis activistas prosaharauis decidimos entrar en el Congreso para presenciar la votación de la resolución de “condena”. Tras la intervención de un miembro de cada grupo político, y previo a la votación, decidimos alzar nuestra voz en nombre del pueblo saharaui, para reclamar y evidenciar que la condena en cuestión era tan moderada que trataba el tema sin culpables, ni agresores, ni agredidos. Nuestros gritos fueron claros, “¡Sahara libre!”, "¡Libertad!", "¡España atiende, el Sáhara no se vende¡", o "¡Cuánta hipocresía!”…
Inmediatamente después de que comenzara nuestra protesta, pacífica y sin insultos, fuimos expulsados de la Cámara por orden del Presidente de esta, el Señor Bono. Estuvimos retenidos sin ninguna explicación, durante más de hora y media, en la comisaría del Congreso, y posteriormente, fuimos trasladados, en un furgón blindado de la policía, hasta la Brigada Provincial de Información de Madrid. Allí estuvimos detenidos aproximadamente 6 horas, tomaron nuestros datos, huellas y fotos, como si de delincuentes se tratase, y posteriormente fuimos puestos en libertad, acusados de haber quebrantado el artículo 497.1, el cual establece que "incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes sin ser miembros del Congreso de los Diputados (...) perturben gravemente el orden de sus sesiones".
Durante todo ese día, diferentes medios de comunicación dieron la noticia, y, en su mayoría, expresaron su sorpresa por la rotundidad y exageración de las medidas tomadas por el Señor Bono, dándole una justificación clara hacia los intereses de España en Marruecos, la relación prioritaria de nuestro Gobierno con el Régimen marroquí y, sobre todo, como un gesto más de sumisión y sometimiento de nuestro Gobierno a Rabat.
Pero parece que este gesto no sirvió de nada al Régimen Alauí, ya que esa misma tarde, amenazó en un comunicado oficial a España con revisar las relaciones económicas de ambos países, debido a la condena, injustificada a su juicio, y superficial al nuestro, respecto a lo sucedido en El Aaiún. También hay que señalar que, rápidamente, España mandó una respuesta oficial a la Casa Real marroquí en el que expresaba su “voluntad de mantener las mejores relaciones posibles con el Gobierno marroquí”. Relaciones que, a nuestro juicio, solo dependen de las exigencias y amenazas de Rabat, y de las condescendencias y congratulaciones del Gobiernos Español.
Al día siguiente, el 3 de diciembre, el Señor Bono concedió una entrevista televisiva en la que defendió que su actuación había sido la correcta, que había sido motivada por los insultos propinados por lxs activistas, que gritaron “diputados chorizos”, y que no podía haberse procedido de otra forma. Bono también aprovechó la ocasión para desacreditar profesionalmente al actor Guillermo Toledo y criticar su activismo, al que denominó “gamberradas” y su ideología en otras ocasiones.
Nosotrxs, los seis activistas prosaharauis que entramos en el Congreso, para servir de altavoz al desgarrador grito de auxilio del pueblo saharaui, denunciamos que tras los hechos acontecidos el día 2 de noviembre:
· hemos sido difamados y calumniados por el Señor Bono. Persona que justificaba nuestra expulsión, detención, y denuncia de condena, entre 6 meses y un año de cárcel, por haber propinado insultos a los congresistas, hecho completamente falso. Hecho desmentido en repetidas ocasiones por nosotrxs mismos, y ahora evidenciado por la propia Fiscalía y Juez de la Audiencia Nacional: Aunque el atestado policial señalaba que los imputados también habían coreado gritos como «diputados chorizos», el juez señala que éste no se escucha en la grabación de la sesión ni fue recogido en el acta correspondiente, por lo que no lo tiene en cuenta. Es importante destacar que estas difamaciones y calumnias vertidas por el Señor Bono hacia nuestra persona se produjeron después de los hechos, por lo que el Señor Bono, como Presidente del Congreso, era conocedor de que en el Acta de la sesión del Congreso no se reflejaba ningún insulto por nuestra parte.
· hemos sido criminalizados desde el primer momento, cuando tuvimos que ser trasladados a la Brigada Provincial de Información de Madrid, en la que se nos abrió ficha policial, con nuestros respectivos datos, fotos y huellas dactilares. Ficha, sobradamente demostrado, que nunca desaparece.
· Hemos tenido que acudir al Juzgado nº 53 de Plaza Castilla para ofrecer declaración, y posteriormente, hemos visto como nuestro caso era derivado a la Audiencia Nacional, por motivos de competencias.
· hemos sufrido la limitación personal que supone estar acusado por la vía penal durante 10 meses, hasta que el Juez de la Audiencia Nacional ha decido cerrar nuestro expediente, tal y como recomendaba la Fiscalía.
· Sumado a que nos hemos tenido que enterar de esta decisión judicial por los medios de comunicación, ya que ni la Fiscalía, ni el Juez, ni ningún funcionario de la Audiencia Nacional ha avisado de la resolución a nuestro abogado, debidamente presentado el día de la detención y habiendo sido nuestro representante legal durante todo el proceso.
Por todo esto, queremos hacer hincapié en la desfachatez y falsedad del Señor Bono, cuando pretendió hacer creer a la opinión pública, que éramos unos pseudodelincuentes y unos “gamberros”, haciendo un llamamiento a que “la causa del pueblo saharaui necesita defensores que estén a la altura”, y denunciando públicamente la injuria de nuestros supuestos insultos a los parlamentarios, ahora sobradamente demostrada su falsedad.
Por ello, exigimos que el Presidente del Congreso, el Señor Bono, se disculpe públicamente por las injurias vertidas sobre nosotrxs, tal y como nos difamó anteriormente en varios medios de comunicación. Si esto no sucediera, nos reservamos el derecho a emprender las acciones legales pertinentes.
Queremos denunciar cómo en aquellos momentos, al igual que siempre, el Gobierno español se ha “lavado las manos” ante sus máximas responsabilidades con la solución del conflicto del pueblo saharaui, y su absoluto sometimiento ante el Régimen marroquí y sus órdenes, especialmente en el caso del Partido Socialista Obrero Español.
Por último, aprovechamos la ocasión para reiterar nuestra firme denuncia ante las violaciones sistemáticas que continúa sufriendo el pueblo saharaui en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, especialmente desde el brutal desmantelamiento del Campamento de la Dignidad. Denunciamos que aún continúan en las cárceles marroquíes más de 64 presos políticos saharauis, 23 de ellos a la espera de un juicio militar, que podía ser condenados a pena de muerte, por su participación en el Campamento de la Dignidad, 7 de ellos han reconocido haber sido violados con palos y barras de hierro. Aún hay decenas de saharauis con balas en sus cuerpos, cientos de personas que continúan sufriendo las secuelas psicológicas de las torturas, violaciones y violencia que sufrieron durante semanas… en estos momentos, el Gobernador de El Aaiún ha dictado una orden en la que prohíbe el Derecho a manifestación en toda la ciudad, disolviendo toda agrupación en la calle de más de 4 personas, cada día lxs saharauis continúan saliendo a la calle para reivindicar sus legítimos Derechos como Pueblo, y cada día continúan las agresiones y torturas por parte del Régimen marroquí.
A nosotrxs, por suerte, el Estado de Derecho y el sentido común nos ha dado la razón, a ellxs, desde hace más de 35 años, este mismo Estado de Derecho y este mismo sentido común no ha cesado de darles la espalda, de traicionarles y ser cómplice de su situación. Una y mil veces seguiremos gritando por la libertad para este pueblo, por su Derecho a la Autodeterminación, por el cese de la ocupación del territorio y de las violaciones de los Derechos Humanos por parte del Gobierno marroquí y, especialmente, por la asunción de máximas responsabilidades por parte del Gobierno Español en el fin de la descolonización y el proceso de autodeterminación.
Una y mil veces, ¡¡¡Sahara libre!!!!!
