PES.-
Amnistía Internacional ha manifestado que un juicio celebrado contra 24 civiles
saharauis ante un tribunal militar de Marruecos es defectuoso desde el
principio, y reclama que los acusados sean juzgados ante un tribunal civil y que
se investiguen sus denuncias de tortura.
Todo
el grupo, del que forman parte varios activistas, está siendo juzgado en Rabat
en relación con los actos violentos que tuvieron lugar durante el
desmantelamiento –y después de él– del campamento de protesta de Gdeim Iziken,
cerca de El Aaiún, Sáhara Occidental, en noviembre de 2010. A consecuencia de
aquella operación murieron 11 miembros de las fuerzas de seguridad y 2
saharauis.
La
mayoría de los acusados han asegurado haber sido sometidos a tortura y otros
malos tratos en distintos momentos de sus dos años de detención preventiva.
Algunos parecen haber sido coaccionados para firmar declaraciones.
“El
juicio de civiles ante un tribunal militar no cumple las normas
internacionalmente reconocidas de justicia procesal. Los 24 acusados deben
comparecer ante un tribunal civil con todas las garantías de derechos humanos
que lo acompañan, y en ningún caso debe condenarse a nadie a muerte”, ha
manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte
de África de Amnistía Internacional.
“Las
denuncias de tortura a detenidos deben ser investigadas, y toda prueba obtenida
mediante tortura debe ser rechazada por el tribunal. Las autoridades deben
asimismo emprender una investigación independiente e imparcial sobre los sucesos
de Gdeim Iziken, una medida que lleva ya dos años de retraso”.
Los
24 detenidos –entre los que se encuentran miembros de organizaciones de la
sociedad civil saharaui y activistas políticos saharauis– se enfrentan a cargos
tales como pertenencia a una organización delictiva, violencia contra un
funcionario público y profanación de un cadáver.
El
delito de violencia contra un funcionario público puede ser castigado con la
pena de muerte cuando esa violencia da lugar a una muerte intencionada.
El
8 de noviembre de 2010, la violencia estalló cuando las fuerzas de seguridad
marroquíes trataron de desmantelar el campamento de protesta de Gdeim Iziken, a
unos kilómetros al este de la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental
administrado por Marruecos, y expulsar por la fuerza a sus ocupantes.
El
campamento de Gdeim Iziken había sido montado a principios de octubre por
saharauis que protestaban contra la marginación de que se sentían objeto y que
pedían empleos y viviendas adecuadas.
Durante
el estallido de violencia murieron once miembros de las fuerzas de seguridad y
dos saharauis.
Unos
200 saharauis fueron detenidos por las fuerzas de seguridad durante los actos
violentos y los días siguientes. En diciembre se practicaron más
detenciones.
La
mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad, pero los 24 cuyo juicio se
celebra hoy llevan ya dos años en detención preventiva en la prisión de Sale, en
Rabat.
En
diciembre de 2010, Amnistía Internacional publicó un informe tras una visita
efectuada a Marruecos y el Sáhara Occidental para investigar las denuncias de
abusos contra los derechos humanos cometidos durante los sucesos del 8 de
noviembre en Gdeim Iziken y El Aaiún y en relación con ellos.
Tras
el examen al que sometió a Marruecos en diciembre de 2011, el Comité de la ONU
contra la Tortura declaró que Marruecos “debe reforzar las medidas adoptadas
para investigar a fondo y de manera imparcial y eficaz y rápida todos los actos
de violencia y las muertes ocurridas en el contexto del desmantelamiento del
campamento de Gdeim Iziken, y para enjuiciar a los responsables de tales actos”,
y “debe modificar su legislación para que todos los civiles sean juzgados
exclusivamente por jurisdicciones civiles”.
Durante
su visita a Marruecos y el Sáhara Occidental en septiembre de 2012, Juan Méndez,
relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, señaló que los
fiscales y los jueces de instrucción rara vez investigan las denuncias que
afirman que se ha utilizado la tortura para obtener pruebas o confesiones
durante las etapas iniciales de los interrogatorios.
Juan
Méndez declaró: “El sistema para denunciar actos de tortura y malos tratos y
para investigar, procesar y castigar a los responsables de estos actos parece
existir únicamente, salvo muy contadas excepciones, en la ley [...] es preciso
salvar este abismo entre la ley y la práctica”.
Fuente:
periodistas-es.org
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